(20 de enero de 2013) Como ya es más que conocido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante auto de fecha 17 de enero de 2013, acordó la medida cautelar de suspensión de la Orden de 20 de noviembre de 2012 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre la Atención Sanitaria Urgente en las zonas básicas de Salud (publicada en el DOCLM del 14 de enero), decretando el restablecimiento del servicio sanitario de urgencias las 24 horas en los 21 centros de salud afectados. Sobre la continuidad o no de esta medida cautelar debe tomarse una decisión definitiva en los próximos días, probablemente este lunes.

 En referencia a dicho acuerdo, desde IU han celebrado la decisión, pero consideran que esa primera medida “cautelarísima” debe ampliarse y mantenerse hasta que se resuelva sobre la legalidad o no del cierre, ya que estamos ante la necesidad de proteger la vida y la salud de las personas, por encima de un “puñado de euros” que dice ahorrarse la Consejería.

 Según Daniel Martínez, “si el Tribunal ha argumentado en su primera decisión la necesidad de evitar que se produzcan efectos lesivos de muy difícil o imposible reparación, tratándose de asistencia sanitaria urgente, por esos mismos motivos, con perfecto encaje legal y de protección de las personas, el Tribunal Superior de Justicia debe mantener las urgencias abiertas hasta que decida si el cierre de los centros de salud en horario de urgencia es ajustado o no a Derecho”.

El ejemplo práctico es muy claro y entendible, hasta para el Consejero Sr. Echániz: Si se levanta la suspensión cautelar del cierre de las urgencias de un determinado centro de salud y dentro de unas semanas o meses el Tribunal decreta la anulación de la orden de cierre por no ser ajustada a Derecho, y en ese periodo de tiempo alguna persona sufre un daño irreversible para su salud o llega a morir por no recibir a tiempo una primera asistencia sanitaria, se habrá producido un “efecto de imposible reparación”. Para evitarlo están las medidas cautelares al alcance de los jueces. Por esa misma razón la Consejería tampoco debería oponerse a esa medida.

En este sentido cabe recordar que los tiempos mínimos  argumentadas por la Consejería para recibir una primera asistencia médica, son irreales y parecen estar calculados con escuadra y cartabón sobre un mapa, sin tener en cuenta las condiciones de las carreteras, ni las circunstancias de las personas que se verán obligadas a realizar el recorrido”.

En cuanto a la propia decisión política del cierre de las urgencias de esos 21 centros de salud, el Coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha reiterado la "oposición de Izquierda Unida ha dicha medida que provoca un grave problema para la salud y la vida de  más de 100.000 personas que corren el riesgo de no llegar a recibir a tiempo la atención sanitaria que necesitan”. “Una vez más estamos ante una medida totalmente injusta ya que se ceba y afecta sobre todo a las personas más desprotegidas como mayores, enfermos, discapacitados, con menos recursos económicos y que viven en zonas rurales con pésimas carreteras en la mayoría de los casos”.

Daniel Martínez: “En aras de la protección de un bien superior como es la salud o la vida de las personas, la única decisión posible pasa por mantener las urgencias abiertas hasta que se decida sobre el fondo de los recursos, ya que si ahora se cierran las urgencias y dentro de unos meses se anulará la orden de cierre, en ese periodo de tiempo se podrían haber producido daños gravísimos e irreparables para la salud de las personas”