Admitido a trámite el recurso de Izquierda Unida frente a la desestimación por silencio administrativo del recurso potestativo de reposición formulado frente acuerdo adoptado en pleno municipal del día 20 de diciembre de 2012 sobre “Propuesta de gestión del servicio público de laboratorio municipal por la sociedad mixta “Aguas de Albacete”.

En este procedimiento el juzgado se debe pronunciar sobre si el Ayuntamiento ha actuado conforme a la ley o, por el contrario, como defendemos en este recurso, el gobierno municipal ha actuado vulnerando determinados preceptos contemplados en las leyes vigentes y, en particular, entendemos que se vulnera:

- La Constitución Española, artículos 3, 9.1 y 103 que hacen referencia a la seguridad jurídica, principio de interdicción que evita la arbitrariedad de los poderes públicos y el sometimiento de estos a la ley y al derecho

- La ley de contratos del sector público y del Reglamento de contratación en las Administraciones públicas (Capítulo III)

- La ley de Bases de Régimen Local, en su art. 85.2b sobre modos de gestión de los servicios públicos y

- El RD 140/2003 sobre criterios sanitarios de la calidad de aguas de bebida.

Entendemos que el procedimiento seguido para la privatización del servicio Laboratorio municipal y su integración en Aguas de Albacete no se ajusta a derecho y así lo demostraremos en la exposición motivada de este recurso, como nos consta también según informes emitidos por consejos consultivos en procedimientos similares llevados a cabo en otros municipios.

En el recurso interpuesto por Izquierda Unida el pasado 4 de marzo proponemos:

- La nulidad de la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición. Es grave que el Ayto opte por el silencio administrativo porque vulnera la ley de Régimen jurídico de las AAPP y de procedimiento administrativo que obliga a resolver. La inadmisibilidad del recurso de reposición es una resolución injusta, máxime cuando se ha argumentado en la última Comisión informativa de Medio ambiente que no procede su admisión por extemporaneidad, hecho demostrado falso, se presentó dentro del plazo, por lo que esta decisión puede decirse que conlleva prevaricación. En todo caso, se ha demostrado que el equipo de gobierno no quiere entrar al fondo del asunto.

- La nulidad de todo el procedimiento porque si se pretendía una gestión indirecta del servicio del Laboratorio municipal no se han seguido los trámites previstos en la ley de contratos del sector público (Ley 30/92, art. 62), toda vez que se ha hecho una cesión a una empresa mixta que no tiene por objeto el control de la calidad del agua de bebida y que, en todo caso, debía haber sido la adjudicataria tras un proceso de contrato público publicitado de acuerdo a la ley y en libre concurrencia con otras posibles empresas, si pretendía una gestión indirecta de este servicio. La adjudicación directa, sin procedimiento, sino como “integración” entendemos que es un procedimiento que está viciado, no se soporta en informes técnicos, contraviene la legislación y debe ser declarado nulo.

- Retrotraer las decisiones al momento previo al acuerdo de 21 de diciembre, es decir, el Laboratorio municipal debe seguir siendo un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Para Izquierda Unida, estamos ante la enajenación de un bien público (otro más en la larga lista de descapitalización patrimonial de lo colectivo que está llevando a cabo el gobierno de Bayod y los gobiernos del PP en general) ante la cual nos oponemos con toda la fuerza de la razón política y de la legalidad conculcada en este procedimiento. Hay que recordar que en el plan de ajuste (marzo de 2012) la medida “supresión del laboratorio municipal y su integración en Aguas de Albacete” se vinculaba a un ahorro de 200.000€, asunto que ha desaparecido del expediente que fue al pleno de diciembre (no hay ninguna referencia económica ni memoria justificativa de este ahorro) en el que se aprobó la medida denominada:”Propuesta de gestión del servicio público Laboratorio municipal por la sociedad mixta Aguas de Albacete”.

Nosotros entendemos, además, que no cabe la gestión indirecta (la privatización, la enajenación, ni la cesión de responsabilidad) del control de calidad en el grifo del consumidor, pues este mecanismo de control es una garantía básica de tutela de la salud pública que la normativa exige a los poderes públicos (municipal, en este caso), tal como se recoge en el Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, artículos 4, 17, 19 y 20. Entendemos que las funciones de autoridad no pueden ser cedidas, en ningún caso.

  Como decimos en nuestro recurso:

El “Laboratorio Municipal” es un servicio público que lleva funcionando desde el año 1982 centrado en tareas de control de las aguas de consumo humano y sobre la vigilancia de la sanidad de los alimentos., y prestando sus servicios al margen de la sociedad Mixta “Aguas de Albacete S.A.,”. Habiendo ido incorporando a través de los años un equipo humano, compuesto por funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, así como recursos materiales que ofrecen fiabilidad y precisión. En el año 2002 se integró en el Centro Regional de Estudios del Agua a través de Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Albacete y el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo que supuso en la práctica la utilización de instalaciones de la citada Universidad.

IU denuncia que en este procedimiento ha habido un afán de ocultar la privatización de un servicios público. Al no atender a nuestro recurso de reposición y obligarnos al contencioso, el PP también muestra su deprecio por lo público pues no le importa incrementar costes y esfuerzos de los equipos jurídicos y de la administración de Justicia, bastante saturada como para recargarla con actuaciones contrarias a la ley por parte de las AAPP.

Por último, pedimos al PP que corrija su posición, paralice el proceso de externalización del Laboratorio Municipal y, en todo caso, arbitre las medidas para garantizar la efectividad de una sentencia que fuera contraria a esta actuación del equipo de gobierno de Carmen Bayod.

Comparecen Victoria Delicado, concejala de IU y Mayte Márquez, abogada

Fuente foto: www.abteve.com