El pasado 2 de junio, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció la abdicación del jefe del Estado, Juan Carlos I de Borbón, tras 39 años de reinado. Según se ha podido saber por los medios de comunicación, la abdicación se venía preparando desde hace algunos meses en secreto, y se planteó, hace unas semanas, como un proceso exprés para que su sucesor dinástico, Felipe de Borbón, pudiera asumir la jefatura del Estado a la mayor brevedad posible y ser coronado, como ha sucedido, en un par de semanas.

Todo el proceso se ha planteado como un cambio acelerado en la corona (con trámite de urgencia parlamentario incluido) sin que se haya permitido debate ciudadano alguno. Todos y cada uno de los pasos se han planteado como un pacto en los despachos y a puerta cerrada, a espaldas de la ciudadanía.

Sin embargo, en estas pasadas semanas, hemos sido muchas las voces que hemos planteado que era el momento de dar la voz al pueblo. Que el anuncio de la abdicación era la oportunidad de realizar un debate democrático que, hasta ahora, nos ha sido hurtado.

Por ello, desde el principio se han hecho en sede parlamentaria, en los medios de comunicación y desde diversas instituciones propuestas para convocar un referéndum sobre el futuro de la Jefatura del Estado en el Estado Español. Así lo reclamaban, 68 eurodiputados (de los grupos Verde e Izquierda Europea) que firmaban un manifiesto: “La ciudadanía reclama hoy en día en toda Europa un mayor protagonismo en la esfera pública, y es responsabilidad de los gobernantes permitir que las cuestiones que afectan a lo más elemental del gobierno de cualquier país, puedan ser debatidas y decidas de forma democrática. No entendemos que en pleno Siglo XXI se prive a la ciudadanía del poder de decisión de un elemento tan importante para la configuración de un país como es su jefatura de Estado, y el relevo se plantee en forma de secuestro democrático de la decisión popular”.

Aunque, en el día que debatimos esta propuesta en pleno, ya tomó posesión del cargo Felipe VI (ya se coronó al nuevo monarca), no hemos zanjado el debate apenas abierto y abordado con dificultades en nuestro país. Ni deja de ser un momento oportuno pues, si hubiera voluntad política de oír la voz de la ciudadanía, qué mejor momento para que se inicie “ese nuevo reinado” que decía el rey entrante con la legitimidad ganada de la aprobación del pueblo o, en todo caso, la de hacer respetar la soberanía popular. Eso es actuar con respeto democrático y con responsabilidad política.

Pero el gobierno de Rajoy ha decidido que estrenemos nuevo Rey, sin que la voluntad del pueblo sea tenida en cuenta. Desde el mismo día de la abdicación, el lunes por la tarde hubo manifestaciones masivas en todas las ciudades españolas, reclamando la celebración de un referéndum para que el pueblo pueda decidir, de una vez por todas, sobre el modelo de la Jefatura de estado que nos parece más apropiada. Legítimas reclamaciones de quienes afirmamos que no somos súbditos sometidos bajo un derecho de sangre anacrónico e incomprensible en un país avanzado ya bien entrado el siglo XXI. Somos ciudadanos y ciudadanas libres.

Pero desde el primer momento, se ha negado la posibilidad de hacer la consulta popular. El senador de IU, Jesús Iglesias, increpaba el 4 de junio a la vicepresidenta del gobierno en una pregunta “¿piensa el Gobierno de la nación, al amparo de lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española, someter a referéndum la forma de Estado, dando así la oportunidad a los ciudadanos de decidir sobre la forma republicana o monárquica del Estado?”. La respuesta eludía el asunto alegando que se cumpliría lo previsto en la CE (por cierto, la imprevisión hizo precisa una tramitación urgente de la regulación de la abdicación).

Pero también se cumpliría la Constitución al convocar referéndum: ¿O es que no dice el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado? Lógicamente, sobre esta soberanía no se pueden superponer los derechos de estirpe. ¿O no dice el artículo 92.1 de la Constitución que las decisiones de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos? ¿Acaso quién sea el jefe del Estado no es una decisión de especial transcendencia?.  

Cual fuera el resultado de esta consulta abriría el escenario sobre la necesidad de realizar o no una reforma constitucional. Quienes han apostado exclusivamente por dar cumplimiento a las previsiones sucesorias han banalizado una decisión de tremenda transcendencia política. Lo han hecho mediante la tramitación de un proyecto de ley, una vez más, por el ‘método exprés’.

Tras 36 años sin desarrollar el artículo 57.5 de la Constitución Española, en 15 días se ha aprobado una ley orgánica para permitir la herencia del reinado tras la abdicación de JC 1º. No se ha hecho antes porque no se ha querido abrir el debate sobre Monarquía o República en este país, pero ese debate siempre ha existido, y en los últimos tiempos, está en la sociedad con más fuerza, pues esa sociedad reclama más democracia y más participación. Y ese debate pendiente no se va a resolver con un cambio de la figura del monarca.

El artículo 92 de la CE que regula el referéndum es una muestra de la generosidad con que nuestra Constitución ha acogido los diversos mecanismos de democracia directa o semi-directa que perviven en los regímenes actuales. Comprometida, como dice el artículo 9.2, en "facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", reconoce entre los derechos fundamentales de los ciudadanos el de "participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (artículo 23.1).

Junto a otras formas de participación directa como la iniciativa legislativa popular, la Constitución contempla distintas modalidades de referéndum que, como es sabido, supone la consulta al conjunto del cuerpo electoral para que se pronuncie de manera afirmativa o negativa sobre un texto, vote en blanco o se abstenga. Y, finalmente, el artículo 92 recoge el referéndum consultivo que puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia.

Y nadie duda que la continuidad de la monarquía en el momento de abdicación del anterior rey, es un asunto de “especial trascendencia”. Y, sin embargo, la mayoría del Parlamento -con los dos grandes partidos a la cabeza, el PP gobernante y el principal partido de la oposición (el PSOE)- ha hurtado el debate y la decisión al pueblo. Han acordado perpetuar la monarquía.

Una monarquía poco ejemplar, además. Pero analicemos, brevemente, qué sentido tiene la institución monárquica, su anacronismo, los lastres de reinado del último Borbón, Juan Carlos I. En este reinado hemos tenido ejemplos de privilegios, opacidad, connivencia con los poderes económicos y regímenes reaccionarios, complicidad con la corrupción… y otras lindezas.

Desde la caída del Antiguo Régimen y los inicios de las sociedades modernas, se han impuesto en la mayor parte de los países del mundo regímenes democráticos que promulgan y garantizan la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Ese principio de igualdad es consustancial a la elección democrática de los gobernantes y contrario al mantenimiento de los privilegios propios de las épocas medievales en que el pueblo tenía la condición de servidumbre de la clase nobiliaria.

La monarquía es, a nuestro entender, un vestigio anacrónico que da privilegio a los miembros de una familia sin ningún fundamento racional ni democrático y que, en todo caso, sólo se legitimaría si así lo deciden los ciudadanos libremente.

La proclamación del Rey Juan Carlos I en 1975 por las Cortes franquistas conforme establecía la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947, otorgaba a la Monarquía la legalidad, pero sin la necesaria legitimidad democrática. La aprobación de la Constitución española de 1978 le otorgó esa legitimidad democrática a partir del voto de los ciudadanos en referéndum. Pero es evidente que ello se produjo en condiciones de clara excepcionalidad. Fueron muchos los ciudadanos que, en aquel momento, antepusieron la consolidación de la democracia a sus profundas convicciones personales y políticas en favor de una forma de Estado Republicana.

Si aquella decisión fue útil para la consolidación del sistema democrático y las posteriores transformaciones económicas, sociales y políticas que ha vivido España, ello no es óbice para reconocer que esa decisión no puede ser considerada inamovible. Este argumento no puede usarse para hurtar, ni a los ciudadanos que pudieron votar entonces, ni a los que por su edad no pudieron participar en el referéndum constitucional, ni a los millones de españoles nacidos después de 1960, su derecho a debatir y decidir hoy sobre cuál debe ser en el futuro la forma que adopta la representación de Estado.

Hoy existen otras razones de gran trascendencia y actualidad que no deberían pasarse por alto. La deslegitimación generalizada de las instituciones ha alcanzado también a la Monarquía, no solo al Rey, como forma de organizar la Jefatura del Estado. Una buena parte de la ciudadanía considera que el régimen de “no responsabilidad” del Rey previsto en la Constitución Española está en el origen de la sensación de impunidad con la que el Rey Juan Carlos y su entorno se han comportado, al menos por lo que podemos saber, durante estos últimos años.

La monarquía forma parte de la herencia del pasado, ha sido una hipoteca con la que hemos convivido a lo largo de estos años, y los españoles tienen derecho a decidir si ya han sufragado suficientemente esa hipoteca. Por eso les pedimos que convoquen ese referéndum.

Además, la regulación de la Jefatura del estado mediante monarquía supone contradicciones con el propio texto constitucional que ya sería hora de modificar, subsanar y modernizar. Por ejemplo, pervierte el principio de igualdad de todos ante la ley o la no discriminación por razón de sexo.

Por mucho que los monárquicos de convicción o de conveniencia destacan en estos días los méritos del monarca saliente y entrante, no refutan las razones del referéndum. No es ese el debate, aunque se podría buscar el contrapunto. Lo realmente importante hoy es que, tras la valoración que los ciudadanos han realizado de la monarquía, con una caída en veinte años a la mitad en esa valoración, es imprescindible darles la palabra.

Pero hemos vivido, tras la abdicación del monarca, un intento acelerado de imponer al pueblo español otro rey.

En el siglo XXI es inconcebible que el derecho de sangre esté por encima de la voluntad popular. El Rey JC se va ante el rechazo de la opinión pública. Quienes quieren sostener una Casa Real salpicada de corrupción, opacidad y connivencia con las redes clientelares tejidas desde el poder político y económico con la complicidad del bipartidismo, quieren cambiar algo para que nada cambie. Pero estamos seguros y seguras que no es ni lo que quiere, ni lo que necesita nuestro pueblo y, en cualquier caso, debe ser la ciudadanía y nadie más, quien decida.

En IU pensamos que ese referéndum debe ser el inicio para desarrollar un proceso constituyente. No es otra cosa que dar los pasos para construir un nuevo proyecto de país. Este proceso debe incluir participación decidida, democracia y derechos sociales; derechos reales al trabajo, a vivienda, a la educación, a la salud, en definitiva, a una vida digna. Nuestra opción es construir la Tercera República, democrática, social, laica y federal, respetuosa de los derechos humanos y de la voluntad de los pueblos.

Y no nos resignamos ante esta oportunidad, ni la damos por perdida aunque ha se haya coronado al nuevo monarca.

La opinión pública está con el referéndum y la juventud no es monárquica.

En las próximas elecciones puede cambiar la correlación de fuerzas y ser mayoritarias las opciones políticas con una convicción republicana clara.

Todas las encuestas lo corroboran: la monarquía sigue siendo hoy mayoritaria en España, pero no tiene su futuro garantizado porque la mayoría de los menores de 45 años no se cree esta institución medieval. Mucha gente, cada vez más, seguirá defendiendo que no somos súbditos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera; que somos ciudadanos y ciudadanas libres también para elegir directamente al jefe del Estado, al jefe de nuestro Estado.

Estén seguros de que el pueblo español les hará pagar en el futuro esa decisión de no consultar en referéndum. No falta mucho para que las urnas vuelvan a hablar. Entonces ni ustedes ni nadie podrán amparar los deseos y las ganas de la sociedad española de decir alto y claro qué es lo que quieren para este país. Las elecciones volverán a ser un plebiscito en el que este sistema será puesto a prueba.

Conviene no engañarse ni hacer juegos de palabras: empezar a regenerar la democracia no es imponer las alcaldías otorgándolas a la lista más votada (porque ésta puede tener una mayoría de votantes y concejales que no la refrenden). Sin embargo, sí es regeneración democrática permitir la elección por el pueblo de la más alta institución del Estado, porque el pueblo es el único soberano.

Hoy día, la democracia ya no puede ser una mera fórmula electoral, sino que es preciso que se dote de auténtica legitimidad, permitiendo la participación activa de todos sus miembros. Por eso, es imprescindible que la ciudadanía se manifieste en esta ocasión sobre el modelo político del que quiere dotarse y se ponga en marcha, por lo tanto, un referéndum en el que decida si quiere mantener la forma monárquica o, por el contrario, opta por el modelo republicano en el que la Jefatura del Estado sea elegida mediante sufragio universal por la totalidad de la ciudadanía.

Este último es el modelo defendido por quienes suscribimos esta propuesta, y por muchas otras organizaciones sociales y políticas, como parte de nuestra apuesta por la regeneración democrática y un verdadero proceso constituyente en el que se pongan las bases de una nueva forma de hacer política.

Así, y teniendo en cuenta el importantísimo papel que las instituciones municipales han jugado en este tema a lo largo de la historia de España, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete propone el siguiente:

Acuerdo para que el Ayuntamiento de Albacete inste al gobierno central a aprobar y a efectuar todos los trámites legales oportunos para la convocatoria de celebración de un referéndum en el que la ciudadanía española elija libremente sobre el modelo de Estado y decida entre monarquía o república.